Si estás pensando en comprar una vivienda de segunda mano, un coche o realizar una inversión hay un tributo que no puedes ignorar: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
A pesar de ser un impuesto común en diversas operaciones, su aplicación, tipos y normativa pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre el bien o derecho transmitido. Y no se trata solo de cumplir con una obligación fiscal, sino de entender cómo este tributo puede afectar directamente al coste de tu compra o a la rentabilidad de tu inversión.
¿Qué es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un tributo que grava las transmisiones patrimoniales onerosas -aquellas en las que se produce un intercambio económico- de bienes y derechos entre personas físicas o jurídicas.
Este impuesto se aplica principalmente en operaciones como la compra de inmuebles de segunda mano, la cesión de derechos, la adquisición de vehículos o la constitución de ciertos derechos reales, como un usufructo.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, viene regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en las normativas del impuesto de cada comunidad autonóma.
¿Quiénes están obligados a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?
El sujeto pasivo, es decir, la persona o entidad obligada a pagar el ITP, por general es quien adquiere el bien o derecho. Por tanto, la responsabilidad de liquidar y pagar el impuesto recae siempre en el adquirente, independientemente de si la transacción se realiza entre particulares o con una empresa. Si compras un inmueble de segunda mano o adquieres un vehículo usado, serás tú quien deba abonar este impuesto.
El ITP afecta a las siguientes operaciones:
- Las transmisiones patrimoniales onerosas, como de vehículos o viviendas de segunda mano.
- Operaciones societarias, como la constitución de sociedades, aumentos y disminuciones de capital o fusiones y escisiones empresariales, vas a tener que pagar el ITP, por lo que quizá necesites asesoramiento en operaciones societarias.
- Actos jurídicos documentados, aplicado en determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos, como la firma de una hipoteca o la constitución de un préstamo.
En resumen, si estás adquiriendo un bien de segunda mano, realizas compraventa de sociedades o llevas a cabo un acto jurídico documentado relevante, es muy probable que debas liquidar el ITP.
¿Cómo y cuándo se paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?
El ITP debe liquidarse en la comunidad autónoma en la que se encuentra el bien o derecho transmitido, y el plazo para hacerlo es de 30 días hábiles a partir de la fecha en que se formaliza la operación. Para ello, debes presentar el modelo correspondiente en la oficina de la Agencia Tributaria de tu comunidad autónoma o a través de su sede electrónica.
El tipo impositivo del ITP varía dependiendo de la comunidad autónoma. En general, para la compra de inmuebles de segunda mano, los tipos suelen oscilar entre el 6% y el 10% del valor de la propiedad. Para vehículos usados, el tipo impositivo varía dependiendo de la antigüedad y el tipo de vehículo, pero suele situarse entre el 4% y el 8%.
Documentación necesaria para la liquidación del ITP
Para completar la liquidación del impuesto, necesitarás:
- Copia del contrato de compraventa o documento que acredite la operación.
- Escritura pública, si fuera el caso, como en la compraventa de inmuebles.
- Modelo de autoliquidación del ITP que puedes obtener en la web de la Agencia Tributaria de tu comunidad.
- Justificante de pago, que puede realizarse por vía telemática o en una entidad bancaria autorizada.
Es importante presentar toda la documentación dentro del plazo estipulado para evitar recargos, intereses de demora o sanciones administrativas.
Pagar más o menos ITP en función de la Comunidad Autónoma en la que estés
Como hemos visto la gestión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) varía significativamente entre las distintas comunidades autónomas. Cada comunidad tiene la potestad de fijar sus propios tipos impositivos dentro de los márgenes que establece la ley estatal, lo que provoca que el mismo tipo de operación, como la compra de una vivienda de segunda mano, pueda resultar notablemente más cara en una región que en otra.
Esta disparidad no solo afecta a los compradores, sino que también influye en la dinámica del mercado inmobiliario y en la competitividad entre comunidades, generando tensiones y debates sobre la equidad del sistema. Además de las diferencias en los tipos impositivos, algunas comunidades autónomas aplican reducciones o bonificaciones especiales dirigidas a colectivos específicos, como jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad.
Esta falta de uniformidad en su aplicación ha llevado a críticas por parte de quienes consideran que estas diferencias crean desigualdades entre ciudadanos de distintas regiones. La falta de armonización en la gestión del ITP sigue siendo un tema controvertido, siendo necesario revisar su funcionamiento para garantizar una mayor equidad fiscal en todo el territorio español.